Sindicatos y la Confederación consideran que la fuerza mayor derivada del estado de alarma, que ha suspendido la actividad productiva, persistirá específicamente en este sector una vez se levante este periodo decretado por el Estado, ya que continuarán las restricciones a la movilidad y al transporte, no solo en España sino en el ámbito internacional. Esto provocará que la actividad tardará más tiempo aún en recuperarse. Por ello, se solicita la concurrencia de esa fuerza mayor y en las condiciones actuales al menos por un periodo inicial de 6 meses, sin perjuicio de que este se amplíe si persistieran las circunstancias y previa consulta a los agentes sociales del alojamiento turístico español.

Se entiende que la Administración Pública deberá tener en cuenta esta circunstancia a la hora de tramitar los ERTE, con los efectos de exención de cuotas empresariales a la Seguridad Social y de protección específica por desempleo a las personas trabajadoras que vean suspendidos temporalmente sus contratos o reducidas sus jornadas. Asimismo, los agentes sociales hacen un llamamiento al Ejecutivo estatal para que garantice una protección por desempleo para las personas trabajadoras en situación de ERTE, incluidos los contratos fijos discontinuos, mediante prestaciones y ayudas públicas suficientes, sin exigencia de carencia, y la reposición de las prestaciones que pudieran consumirse durante la situación legal de desempleo temporal.

Teniendo en cuenta los importes y los topes de las prestaciones por desempleo, se pide que las personas trabajadoras afectadas por ERTE perciban en la fecha estipulada en sus convenios colectivos el importe total de la paga extraordinaria de verano correspondiente. Por su parte, para paliar los efectos del ERTE en la renta inmediata de las personas trabajadoras, se acuerda que las empresas abonen, a quienes lo soliciten, el adelanto de la referida paga extraordinaria completa antes de su vencimiento.

Otras medidas

El contrato fijo discontinuo es una modalidad muy presente en algunos ámbitos geográficos del país en el sector del alojamiento turístico, motivo por el cual necesitan también medidas de protección. Así, los agentes sociales firmantes de este acuerdo se comprometen a que las personas trabajadoras con esta modalidad contractual serán llamadas por las empresas en la fecha que inicialmente estaba prevista y posteriormente se las incluirá en el correspondiente ERTE, como al resto de la plantilla.

Otra medida solicitada es que se establezca, mediante regulación legislativa, un periodo de 12 meses de carencia en las amortizaciones de capital en aquellas operaciones financieras que apalancan la actividad. Con esta medida, durante los próximos 12 meses las empresas pagarían únicamente las cantidades relativas a los intereses de dichas operaciones, devolviendo el capital de estas mediante la ampliación de esos meses en el vencimiento inicial de las operaciones. Esto tendría que ir aparejado a una exención en la imposición en cuanto a los actos jurídicos documentados en estas novaciones y la implantación de unos aranceles máximos tanto notariales como registrales.

Reanudación de la actividad

Reanudada la actividad productiva, las empresas desplegarán todos los medios preventivos que garanticen en todo momento la seguridad y salud de las personas trabajadoras, así como de los clientes, evitando cualquier riesgo de contagio de la COVID-19. A tal efecto proveerán de equipos de protección individual homologados y aplicarán las medidas de contención fijadas por las autoridades sanitarias, en cuya instauración se está trabajando.

En caso de reapertura paulatina, las empresas no recurrirán a trabajo temporal o contratos de duración determinada hasta el reingreso de la totalidad de la plantilla afectada por el ERTE por fuerza mayor. Los representantes sindicales participarán en el proceso de incorporación progresiva de las personas trabajadoras. Asimismo, se ha acordado que se adopten previsiones de manera que puedan vincularse mejoras de la prestación por desempleo a cargo de las empresas, cuando estas alcancen niveles de ocupación o actividad adecuados, en los términos que se negocien en cada empresa.

Los agentes sociales se comprometen a continuar el diálogo social para compartir principios e iniciativas que defiendan al sector. Superada esta primera fase, CEHAT, Servicios-CCOO y FeSMC-UGT iniciarán una segunda fase para tratar de consensuar otras medidas relativas al fortalecimiento de la actividad, de acuerdo con las previsiones y las decisiones de la autoridad sanitaria y gubernamental. Trabajarán para fortalecer la liquidez y el capital de las empresas; para garantizar el mantenimiento del empleo y el poder adquisitivo de las personas trabajadoras; y para analizar y definir cambios estructurales para el sector, basados principalmente en la formación y recualificación de las plantillas, la rehabilitación y mejora de las infraestructuras físicas y digitales del sector, y en la optimización del tejido productivo y mejora del modelo turístico.