El ministerio adujo, para esta nueva prórroga, “razones técnicas para facilitar la interconexión y la transmisión de los datos de los establecimientos ubicados en las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de policía autonómicos”.

Así, en comunidades como Cataluña o el País Vasco, las competencias de información sobre los viajeros a las que afecta este decreto están transferidas a los Mossos y a la Ertzaintza, respectivamente. De este modo, se producían dificultades dado que la obligación de los hoteleros y agentes turísticos era subir los datos a una plataforma de la Policía Nacional, a la que no tenían acceso en principio los cuerpos autonómicos.

Esta decisión es un alivio para las empresas turísticas, que han pedido insistentemente al ministerio que les libere de esta obligación o que la gestione de otro modo, no manual por el “caos” que supondría para su operativa.

Interior recordó, al hacer público este aplazamiento, que ha tenido una interlocución “permanente con los sectores afectados para facilitar su adaptación” a los requerimientos de la nueva normativa y a la plataforma donde se introducen los datos. La próxima reunión con los representantes del sector turístico se celebrará el 4 de octubre, según explicó Interior.

En concreto, entre las críticas más pronunciadas están su posible incompatibilidad con el reglamento de la Unión Europea, unido a que su aprobación generaría inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento, desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo, falta de adecuación tecnológica y carga administrativa desproporcionada para las empresas, ya que el 95% del núcleo del sector son pymes.