Según un informe de AEI presentado este jueves, el proyecto de ley, actualmente en tramitación parlamentaria, afectará al mobiliario de más de 100.000 establecimientos e implicaría la desaparición de 600 millones de euros en inversiones en bares y en restaurantes.

Inversiones en material como sombrillas, muebles u otro tipo de enseres, según el informe, que implicaría un gasto extra de 12.000 euros por establecimiento si se retira la contribución de los patrocinios que plantea el Gobierno.

Las cifras de las pérdidas

El estudio indica que si sale adelante la ley la pérdida de producción para el sector hostelero, es decir en ventas, oscilaría entre los 1.080 y 1.680 millones de euros de negocio, dependiendo del escenario más pesimista u optimista.

La merma de valor añadido sería de una horquilla entre 900 y 1.176 millones de euros y el empleo que se pondría en riesgo (directo e indirecto) se situaría entre los 8.000 y 10.200 puestos de trabajo que podrían «perderse o precarizarse».

También señala que 235 pueblos se quedarían sin su único bar si se pierde esa contribución y se pondrían en riesgo eventos populares, culturales o conciertos.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha apuntado que las terrazas son parte de la identidad nacional, que entre un 20 % un 25 % de los establecimientos tiene una terraza y que en ellas «no se incita a los menores a que consuman alcohol».

Además, ha recalcado que los bares son negocios con escaso margen de rentabilidad, con lo que la pérdida de esos patrocinios la reduciría aún más.

Los responsables de las patronales han insistido en que son favorables a la protección de los menores, pero han recalcado que no se les puede culpabilizar del inicio del consumo alcohólico de los jóvenes.

El presidente de Hostelería de España ha recalcado que la campaña de sensibilización, por todo el país, no va contra una ley sino para defender las terrazas frente a ordenanzas y reglamentaciones del Gobierno y de las administraciones locales que las ponen en tela de juicio.

Álvarez Almeida ha señalado que los ayuntamientos «no persiguen el botellón pero ponen el foco en las terrazas».

«Queremos un consumo responsable, elegante y de conciliación y que no nos pongan en el centro de la diana; no somos culpables de que los menores estén bebiendo», ha concluido.