En este sentido, organizaciones empresariales y sindicales de la cadena agroalimentaria, comercio, distribución y hostelería (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB; AECOC, ANGED; ACES; ASEDAS; CEC, FEHR, FEHRCAREM; CCOO FEAGRA, UGT FITAG, UPA, COAG y ASAJA) denuncian la oleada de nuevos costes fiscales y regulatorios para su actividad. Así:

1.    En materia de fiscalidad ambiental, destaca el impacto del impuesto de gases fluorados, utilizados en los procesos de refrigeración y mantenimiento del frío de los alimentos básicos, en un país cálido como España en el que no existe una alternativa viable. En el caso de la distribución se sitúa en una horquilla entre los 5.000 euros y los 30.000 euros por local. En el caso de la restauración hablamos de 1.000 euros/año por local.

2.    En cuanto al impacto de la imposición sobre el empleo, derivado del RD 16/2013 de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en su disposición adicional tercera incrementa los costes de las cotizaciones en conceptos que anteriormente estaban exentos. Sólo en el sector de la restauración en la Comunidad Autónoma de Madrid se han incrementado un 9% los costes laborales y supone 800 euros/año por trabajador para el conjunto de los sectores. En Hostelería, además del incremento de los costes salariales, significa la desaparición parcial o total de una de sus fuentes de ingresos: los vales de comida. El incremento de costes supone la desaparición del 40 por ciento del mercado de vales, y una pérdida de facturación en torno al 2,5%, con una consecuencia sobre el empleo de 12.000 puestos de trabajo.

3.    La distorsionadora carga impositiva autonómica, que suman ya más de 70 tributos, genera altos costes económicos y de gestión que se estiman en 1.300 millones de euros. Si bien su importancia en términos de recaudación es mínima e insuficiente para corregir el problema del déficit (sólo representan el 1,6% de los ingresos de las CCAA), su impacto sobre la inversión y el empleo es muy dañino.

4.    Junto a estas medidas, destaca el incremento de los peajes de acceso de las tarifas eléctricas marcados por la orden IET/1491/2013 en un promedio de 125%. Por lo que se refiere al regadío, la factura de la luz se ha encarecido en una media superior al 80%, con un incremento de los costes fijos –regulados- de más de un 1.000%. A esto hay que añadir la propuesta gubernamental sobre la cogeneración, que no solo paraliza este tipo de producción energética, sino que causa un grave quebranto a las inversiones realizadas en los últimos años.

Todas estas medidas están haciendo que la competitividad de las empresas españolas se reduzca poniendo en peligro la senda de la recuperación.

Respecto a la reforma fiscal, desde estas organizaciones ya hemos advertido al Ejecutivo que una reforma que se articule en base a incrementos impositivos que graven el consumo tendría un efecto devastador para los sectores. Además un nuevo incremento fiscal en estos bienes tendría un impacto muy negativo no sólo en los sectores representados, sino en la recuperación económica general, ya que un parón en el consumo podría arrastrar en cadena al resto de variables macroeconómicas.

En este sentido, el estudio que las organizaciones representantes de estos sectores encargamos al Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET), cuantifica el impacto que tendría un reposicionamiento de los tipos de IVA pasando los productos del tipo reducido (10%), al tipo general (21%), de la siguiente manera: una caída de la producción de 16.032 millones de euros; una destrucción de 155.295 puestos de trabajo; una disminución de ingresos públicos de -2.183 millones de euros, y un aumento de las prestaciones por desempleo de 556 millones de euros.

Por otro lado, tenemos los antecedentes de las subidas del IVA en 2010 y 2012, que a través de la serie histórica del Índice de Comercio Minorista (ICM), ofrecida por el INE, nos muestra que desde septiembre del 2012 –fecha de la última subida– la caída media del consumo en tasa interanual en los seis meses siguientes fue de un -6,7%. Esto supone un torpedo en la línea de flotación de la economía española, y pone en peligro la recuperación económica y el empleo.

Las organizaciones empresariales y sindicales que compartimos este diagnóstico representamos a sectores estratégicos para la economía española: producción e industria agroalimentaria, comercio, distribución y hostelería, cuya facturación global asciende a 370.000 millones de euros, representando más del 20% del PIB nacional y más de 5.000.000 de empleados. 

Fuente: FEHR